Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una red de conexiones corporativas y laborales entre expersonal del Instituto Nacional Electoral (INE) y un grupo de compañías proveedoras del sector electoral, las cuales forman parte de los proveedores predilectos de la presidencia del órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei.

De acuerdo con el “Mapa de relaciones de investigación” presentado por la institución fiscalizadora, las indagatorias revelaron ligas directas entre las empresas ZEG, Graf (Cajas Graf), Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México. NoticiasMéxico

Dentro de los hallazgos, la ASF constató la participación de cinco personas vinculadas de manera simultánea entre ZEG y Graf, además de otras relaciones corporativas transversales entre las sociedades identificadas.


Entre los casos destacados por la investigación se encuentra el de Jonathan “N”, extitular/extrabajador del INE que figura como apoderado legal de Corporativo ZEG, quien además registró percepciones reportadas por $601,751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026.

Por su parte, Alejandro “N” fue identificado como socio del Corporativo ZEG y delegado de la asamblea de la firma Formas Finas y Materiales, sirviendo como enlace entre ambas compañías.

La estructura documentada por el órgano auditor abarca 7 empresas, 83 personas involucradas y 89 vínculos corporativos. Entre otros señalamientos, el informe expone a César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N” relacionando al Corporativo ZEG con Cajas Graf; a Tatiana “N” vinculando a Cajas Graf con Seriplast de México; así como la revocación de certificaciones PAC relativas a proveedores de ZEG que operaron contratos por 21.3 millones de pesos. NoticiasMéxico

Frente a este escenario, la ASF advirtió formalmente que:

“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”.

Las investigaciones sobre estos entes públicos del sector electoral continúan para esclarecer el alcance de las posibles responsabilidades administrativas y penales.

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