Congreso, ¿legislar, fiscalizar o exhortar?


 

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

El objetivo principal de los diputados y los partidos políticos en el congreso es, entre otros, promover acuerdos inmediatos para contener la banalidad legislativa actual.

La 62 legislatura enfrenta un serio déficit de producción sustantiva en su desempeño.

El tema es más serio de lo que parece, aunque nadie se ocupa ni preocupa en atenderlo ni resolverlo.

Después de siete meses del inicio de funciones, y no obstante su innegable legitimidad y representación pluripartidista, no han logrado responder a las enormes expectativas  creadas a partir de los resultados históricos del pasado primero de julio.

No consensuaron a tiempo ni han resuelto los temas básicos de una nueva legislatura: integración de comisiones, agenda de trabajos comunes y designación de funcionarios. Su propia ley orgánica señala un plazo de treinta días para aprobar dicha agenda, el cual venció el 15 de octubre del 2018. Por eso no hay ruta ni carta de navegación.

La realidad cruda y objetiva es que prevalece la improvisación y se privilegia el posicionamiento coyuntural. No se trabaja en el análisis, discusión ni dictámenes de comisión; tampoco se promueve la negociación, ni los acuerdos, ni se estimula el consenso, sino la división, el disenso y la confrontación entre los contrarios.     

No obstante, y en ese complejo escenario de adversidades, el congreso debe abocarse a discutir y revalorar la importancia preventiva del fenómeno de la corrupción y la necesidad de transparentar al máximo el gasto gubernamental.

Es pertinente explorar y privilegiar nuevas y mejores medidas para fiscalizar de manera más eficiente los egresos públicos, como tema de máxima prioridad.

El objetivo de la fiscalización es evaluar la honestidad, la transparencia y la legalidad en el manejo del presupuesto, sirviendo además como un parámetro para conocer la integridad de funcionarios y gobernantes. No debe haber otra intencionalidad.

Este ejercicio lleva implícito evitar el abuso del poder para impedir el aprovechamiento de los recursos públicos con fines privados o personales, cuya distorsión no únicamente es inmoral e ilegal, sino que a fuerza de repetición se vuelve patológica. Por eso tenemos certeza del caos financiero de la última administración, pero estamos en la incertidumbre de la realidad actual.

De allí que es necesario despejar el panorama sobre las calificaciones oficiales por el manejo presupuestal, mismo sobre el cual el congreso debe introducirse, como también sucede con la deuda estatal, a fondo y sin inhibiciones.

Existen evaluaciones y resultados contradictorios ó inverosímiles al respecto.

Mientras la Auditoria Superior de la Federación (ASF) aprobó con mención honorifica la pulcritud de las finanzas del estado, posicionándolo en primer lugar nacional por el periodo 2017-2018, el pasado 28 de febrero el World Justice Proyect (WJP) en su estudio sobre “Estado de Derecho” señalo que Guerrero, Estado de México, B.C.S, Sonora y Puebla representan los estados peor calificados en materia de corrupción.

A la vez que el ISAF al revisar la última cuenta pública emitió una calificación histórica, comparativamente hablando, entre la situación financiera recibida el 2015 y los últimos ejercicios fiscales, particularmente el 2017, por la casi impecable situación de las cuentas públicas del estado.

En ese sentido, sería conveniente revisar en forma exhaustiva los criterios técnicos, la metodología comprobatoria y los resultados emitidos por las principales autoridades fiscalizadoras, incluyendo la comprobación de las aportaciones, subsidios o transferencias, cuyo trabajo corresponde al ámbito de los diputados del congreso del estado, tal y como lo preceptúa nuestra carta magna local.

Es decir, es necesario activar el largo brazo fiscalizador del poder legislativo con el propósito de invertir el orden de la pirámide institucional para que sea el congreso quien, de manera preeminente, junto con el ISAF y el sistema estatal anticorrupción (SEA), intervengan en el proceso de análisis y fiscalización de las cuentas públicas, y no en conocer o validar únicamente sus resultados, tal y como ahora sucede.

Es necesario ejercer a plenitud la facultad constitucional de control financiero y fiscalización presupuestal para que el congreso, como máximo representante del interés público y de los ánimos ciudadanos, pueda emitir políticas ó lineamientos de auditoría gubernamental para conocer Cómo, Cuando, Cuanto y Donde se gastan los ingresos y se ejercen los presupuestos en sonora. Puede haber desequilibrios que ameritan corregirse o sorpresas que podemos evitarlas.

En síntesis, es sugerente pensar que la corrupción y la impunidad necesitan un dique de contención preventiva mayor, ya que es evidente que las investigaciones ó los juicios a posteriori no concluyen ni resuelven nada, ni tampoco sancionan efectivamente a nadie. La metástasis de la corrupción avanza. 

DISPERSION LEGISLATIVA ACTUAL

La actual legislatura debe estar consciente que, por las obvias razones de su inédita integración, está obligada a obtener el mejor de los resultados para resolver los problemas torales que, como la corrupción, la inseguridad, impunidad, desigualdad, marginación, pobreza y el creciente desempleo, requieren soluciones que ameritan el mayor esfuerzo de generosidad politica y construcción de consensos entre diputados y partidos, sin exclusión ni distinción.

Sin embargo, es necesario abocarse para ello al análisis y discusión de temas sustantivos y no de asuntos insubstanciales ó de obvia incompetencia del congreso.    

Los magros resultados políticos, sociales y legislativos es posible revertirlos.

Del primero de septiembre a la fecha se han presentado 21 iniciativas de ley, pero únicamente se ha dictaminado y aprobado una sola de éstas (SIC).

En cambio, llevan 104 exhortos aprobados, mismos que por su naturaleza jurídica, y sin demeritar su importancia política, son acuerdos coyunturales ó intrascendentes.

 Los exhortos no tienen fuerza vinculante ni cumplimiento obligatorio para nadie. Son como una llamada a misa ó una campaña contra la infidelidad.

Tiene razón el diputado Luis Armando Colosio cuando en la sesión del 12  de marzo dijo que estamos construyendo “una legislatura exhortista”. El diputado Montes Piña también coincidió en señalar “la exhortitis” del congreso. Estos son los datos duros de la improductiva actividad legislativa.

El problema se deriva de la ausencia de una agenda de trabajos institucionales y un vacio operativo de acuerdos políticos, cuya omisión puede convertirse, si no lo resuelven a la brevedad, en una decepción ciudadana, ó en su caso, en un fraude político a la sociedad, quien aguarda expectante la transformación prometida.

En tal tesitura, es necesario ponderar que el congreso es ahora más que nunca una verdadera caja de cristal, donde todo se ve y todo se oye; donde también se visualizan de cuerpo entero las aptitudes y las coordenadas políticas personales y partidistas de los todos los diputados y diputadas, quienes no pueden, incluso, ocultar nada, como recién sucedió con las “ausencias malditas” para iniciar un juicio político.

Todos se ven y oyen, y cuando no, los hechos los delatan ó su silencio los revela, aunque en ocasiones sus ausencias los define.

Es incuestionable que estamos viviendo una etapa de transición cualitativa en las ideas y las formas de hacer politica. Somos testigos de una nueva época, misma que al margen de sus resultados futuros, es un parteaguas de nuestra historia como país.

Creo que el cambio estructural del régimen y la etapa más difícil de reorganización, pese a su indefinición politica y programática, están en proceso. Está cambiando todo.

Los nuevos mecanismos de gobernar, con todas sus deficiencias, improvisaciones y resistencias naturales, ya no son los mismos. Cambiaron para siempre. Aquí es donde el congreso y sus diputados tienen mucho que aportar.

Necesitamos modificar la arcaica idea de las funciones y la importancia que representa el poder legislativo para aceptar que no es suficiente con crear o modificar leyes. Es necesario transformar todo para cambiar lo que se pueda.

Nuestros múltiples problemas no se reducen a simples respuestas legislativas para su solución real, sino de nuevos programas de políticas públicas donde la reorientación del gasto, incluyendo la fiscalización y la evaluación en el cumplimiento de los objetivos sociales por programa, sea el epicentro de una transformación institucional seria e inaplazable.

En ese contexto, es imperativo transformar al congreso para imprimir calidad, eficacia y eficiencia a la politica, a su vez de reclamar honradez a todos los funcionarios y gobernantes, sin distinción jerárquica ni partidaria.

Es la hora de redefinir el enorme poder de los diputados y transparentar el erario para recuperar la credibilidad y la importancia social de la politica.

Son tiempos de turbulencia e incertidumbre por el parto histórico en que estamos, sin duda. Gramsci decía que “la situación crítica se presenta cuando lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer”. Así se perfila el presente y el futuro del país.  

Salud.

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