Aplican rigor con condenas a delincuentes en Sonora 

CRITICA 

 

 

GASPAR NAVARRO 

 



 

En los recientes hechos delictivos de “alto impacto” que se registraron en Sonora y que se detuvo a los responsables, la fiscalía estatal ha logrado sentencias condenatorias contra los delincuentes de hasta 90 años de prisión, para dejar el precedente y mandar el mensaje de que aquí el que la hace la paga, y muy caro. 

De igual forma, en la lucha contra el crimen organizado en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, hemos visto en varias ocasiones que no se sigue al pie de la letra la consigna presidencial de “abrazos no balazos” ni velar por sus derechos humanos, al enfrentar a los narcos en el mismo tono, como sucedió en Cajeme el pasado 10 de mayo al repeler la Marina una agresión armada abatiendo a dos sicarios. 

También se reconoce que en las fuerzas armadas de Sedena, Marina, PGR y agentes estatales cabe la prudencia en algunas ocasiones y prefieren evitar la agresión directa sobre todo cuando están en desventaja, como ocurrió en la región de Caborca al abandonar los agentes ministeriales cuatro pick ups ante la irrupción armada de un narco comando, y en esos casos vale más hacer efectivo el dicho popular de que es mejor que digan aquí corrió que aquí murió, porque de valientes están llenos los panteones. 

Volviendo con los delitos denominados “de alto impacto” que sacudieron a la sociedad sonorense, como fue el rapto de dos niñas recién nacidas en Hermosillo y Nogales, la fiscal general Claudia Indira Contreras Córdova, al lograr la detención de las responsables pidió al juez una condena ejemplar de las delincuentes para dejar un precedente. 

“Se tiene que mandar un mensaje muy claro de que en Sonora no vamos a permitir este tipo de hechos”, dijo la fiscal Contreras Córdov. 

En el caso de las dos mujeres que despojaron en Nogales a una madre de su hija y la mataron y casi matan a la abuela, la fiscalía reclasificó los delitos a las dos féminas vinculadas a proceso penal por el secuestro de la bebé Alison Guadalupe, cargándole a los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y robo agravado, el secuestro agravado, siendo solo en este último que alcanzarían 60 años de prisión, mientras que por los demás de 45 a 70 años de cárcel, es decir, tendrán una cadena perpetua o prisión de por lo que les resta de vida. 

En el caso del robo de infante en el Hospital de la Mujer en Hermosillo, se dieron tres meses de prisión preventiva a la acusada para la investigación complementaria contra la responsable que había tenido ya un embarazo y le habían practicado un legrado, situaciones que considero no deben de ser atenuantes ni su situación psicológica para que le apliquen también una sanción ejemplar por el intento de robarse a la recién nacida haciéndose pasar por paciente y luego por pediatra, aunque tampoco la fiscalía debe de descartar que la implicada sea parte de una banda de “roba chicos”, que Dios quiera y no porque con las desapariciones de mujeres hay terror imagínense si nuestros niños están en riesgo de ser secuestrados para sepa la Virgen con qué fines. 

En eso de condenas ejemplares que exige la fiscalía general estatal al juez de la causa (me imagino por instrucciones del gobernador Durazo), como creo que se dice en el argot jurídico, hay que destacar la detención de los dos sujetos al parecer yaquis que agredieron y amenazaron de muerte el pasado 27 de marzo a un transportista y a su copiloto en un ilegal retén de la etnia, donde exigen pagos por cruce carretero tanto en Vícam como en Loma de Guamúchil. 

En esos retenes carreteros donde hacen el negocio millonario los yaquis con el cobro de cuotas, ya había denuncias de agresiones hasta armadas por parte de camioneros, por lo que hasta los empresarios de ese ramo ante el hartazgo amenazaron con un paro nacional para exigir que se terminaran los cobros y las amenazas y violencia contra los operadores de camiones, trailers y hasta automovilistas en general. 

En ese ambiente, fue cuando sucedió la agresión al chofer de un camión de mudanza en un retén yaqui donde hasta ese 27 de marzo prevalecía la impunidad al ser intocables los integrantes de la tribu al tener el blindaje presidencial solapados por el supuesto rezago histórico oficial a la Tribu y el ancestral despojo de tierras y aguas que no debería ser motivo para tener licencia para delinquir ni mucho menos para matar. 

Tras la denuncia, la fiscalía estatal logró detener a dos de los responsables del ataque con armas de fuego al camionero, uno de ellos en prisión preventiva desde el pasado 7 de abril, en tanto que al segundo atacante se logró aprehender el pasado 12 de mayo, y está acusado junto con su cómplice de los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, asociación delictuosa y extorsión agravada por lo que de seguro ambos agresores calentarán cama de cemento en prisión por muchos años. 

La detención y una sanción penal ejemplar a los dos agresores yaquis del camionero y de su acompañante, ojalá que sirva de escarmiento a los integrantes de la etnia para que eviten si no los cobros como “cuotas voluntarias” a los usuarios de la Carretera de Cuatro Carriles, de perdida que no agredan o amenacen con armas a los camioneros y automovilistas que cruzan ese tramo carretero. 

HISTORICA DETENCION POR VIOLENCIA DIGITAL 

Otra detención exitosa de los agentes ministeriales y de la trilogía investigadora de la fiscal general Claudia Indira Contreras Córdova, fue la de Luis Baltazar “N” de 26 años, por violencia digital, al ser identificado como el presunto responsable de subir y compartir en sitios web exclusivos para hombres fotografías de amigas, excompañeras de escuela o conocidas, con contenido erótico, sexual o pornográfico, real o alterado. 

Por lo que Luis Baltazar fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por la violación a la intimidad sexual, delitos por los que recibirá una condena ejemplar para tratar de erradicar la violencia de género, así como agresiones y calumnias contra mujeres y hombres en el ciberespacio bajo el amparo del anonimato en las redes sociales. 

Razón por la cual debe de reconocerse el trabajo de los especialistas de la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de María Dolores del Río Sánchez, quienes colaboraron con la fiscalía estatal y fueron sus informes esenciales en la investigación del delito cibernético para detener al responsable de agredir a las mujeres violando su intimidad sexual con pornografía con videos y fotos alteradas y reales en redes sociales.  

Por esa histórica detención por violencia digital, el gobernador Durazo felicitó “a la Unidad Cibernética y de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad por la investigación que llevó a la detención de una persona que compartió fotografías íntimas de unas jóvenes por medio de Telegram”. 

En su cuenta de Twitter, el gobernador Durazo también advirtió que “en este Estado vamos a proteger a las mujeres ante cualquier situación que las vulnere, no se va a tolerar ni quedar impune cualquier tipo de violencia. También agradezco a la @fgjsonora la coordinación y trabajo, debemos dar certeza y tranquilidad a las familias sonorenses”. 

Como vemos en este caso de violencia digital con la histórica detención de una persona agresor de mujeres a través de internet, la entidad se moderniza y combate con alta tecnología de investigación cibernética los ciberdelitos, para dejar claro de que hasta en redes sociales en Sonora el que la hace la paga, y muy caro. (g_navarro_ruiz@hotmail.com) 

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