La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por María Dolores del Río, impuso una sanción de inhabilitación a un servidor público, derivada de las irregularidades detectadas por el desvío de recursos en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

Precisó que, derivado de este caso, cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos; dos expedientes ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, se aplicó una inhabilitación y otros dos continúan bajo investigación.

“Hay dos expedientes que siguen su desarrollo y podíamos hablar de ellos entrando el año pero si es una investigación que se le ha dado prioridad al igual que otras en otros temas”, expresó. 

En relación con la inhabilitación para desempeñar un cargo público, Dolores precisó que esta tendrá una duración de un año.

Explicó que la sanción deriva de una falta de carácter administrativo, vinculada a omisiones, y aclaró que, en el ámbito penal, se sigue una investigación independiente a la que llevó a cabo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El desvío de recursos asciende a 67 millones de pesos, los cuales fueron detectados a través de transferencias irregulares realizadas a cuentas personales, situación que encendió las alertas de las autoridades competentes y dio pie a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

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