Más del 40 por ciento de los internos se encuentran en prisión preventiva; la SCJN prevé definir en abril la legalidad de esta medida.
Más del 40 por ciento de estos internos se encuentran en prisión preventiva justificada u oficiosa y no tienen juicio ni sentencia. En abril, según estimaciones proporcionadas a MILENIO, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la validez de la prisión oficiosa, la cual, según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México se ha utilizado de forma excesiva e ilegal.
Los datos oficiales más recientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) arrojan, en números exactos, que al cierre de enero la población penitenciaria total ascendió a 259 mil 106 personas.
En 2018 la población penitenciaria cayó por debajo de las 200 mil personas, lo que no se veía en una década. Había, incluso, más lugares disponibles en las cárceles que personas en prisión.
Sin embargo, a partir de 2019, con las reformas constitucionales que ampliaron los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, comenzó un incremento sostenido de la población penitenciaria.
Los datos oficiales muestran que se aceleró en el último año. Mientras el 2024 cerró con 235 mil 197 personas privadas de su libertad, para el cierre de 2025 la cifra fue de 256 mil 127, lo cual es un incremento récord en 12 meses de 20 mil 930 internos.
Y la tendencia al alza continúa, pues al cierre de enero de 2026, el total de personas presas ya se había incrementado en otras tres mil más. Todo ello, en coincidencia con la estrategia de seguridad federal donde se han incrementado tanto los operativos como las detenciones de personas.
Cabe señalar que del total de personas privadas de su libertad actualmente en el país, 242 mil 934 son hombres y 16 mil 172 son mujeres. El 88 por ciento está acusado o sentenciado por delitos del fuero común, imputados por fiscalías de los estados, y el 12 por ciento por delitos del fuero federal, imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).
En 2023, la CIDH sentenció a México por lo que consideró un uso excesivo de la prisión preventiva en su vertiente oficiosa, es decir, la impuesta a una persona de forma automática por el hecho de ser imputada y vinculada a proceso por una lista de delitos. La Corte pidió al Estado mexicano suprimir su aplicación.
Pero, hasta la fecha, eso no ha ocurrido. En el Congreso no hay alguna legislación encaminada a ello. En tanto, la pasada integración de la SCJN contaba con al menos tres proyectos que planteaban diversas rutas para acotar o suprimir la prisión oficiosa, pero no alcanzaron a ser discutidos.
En ese contexto, la actual integración de la SCJN tiene, como asunto pendiente y prioritario, la resolución de este tema.
De acuerdo con fuentes de dos ponencias consultadas por MILENIO, es altamente probable que en abril el pleno comience con el análisis público de este tema.
El 16 de febrero, la Corte ya eliminó uno de los obstáculos existentes, al determinar que la ministra María Estela Ríos no estaba impedida para participar en la discusión, pese a que en 2022, en su papel de consejera jurídica de la Presidencia, firmó un documento donde pedía al entonces pleno mantener la prisión preventiva oficiosa.
Por ejemplo, en enero de 2024, el país contaba con una infraestructura penitenciaria para albergar a un total de 220 mil 994 espacios en 285 centros penitenciarios. Para ese momento, la población penitenciaria total era de 232 mil 828 internos, 11 mil más respecto al cupo disponible.
Dos años después el problema se ha triplicado. Para enero de este 2026, aunque la capacidad de camas en las cárceles ha subido a 226 mil 922, la población penitenciaria como ya se dijo, roza los 260 mil. En números cerrados, es una sobrepoblación total nacional de 32 mil 84 personas más.
En total, 144 centros penitenciarios de los 276 que hay en el país tienen condiciones de sobrepoblación. Se trata del 52 por ciento de los reclusorios del país.
Como la población no está distribuida de forma equitativa, la situación es más grave en algunos casos. Los datos oficiales muestran, por ejemplo, que en el Estado de México los centros penitenciarios acumulan una sobrepoblación de 23 mil 69 internos, mientras que en Sonora son 7 mil 870 internos por encima del límite, y en Chiapas, 2 mil 590 internos en hacinamiento.
Si el análisis se hace por porcentajes, la situación más grave es la de Nayarit, donde hay tres veces más internos que espacios disponibles en sus reclusorios, seguido de los estados de México y Morelos, donde la sobrepoblación es de más del doble respecto a los espacios disponibles.
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