Los datos oficiales de homicidio doloso ya no son totalmente confiables para estimar la magnitud de la violencia letal en México, concluyeron investigadores convocados por el Colegio de México y la Universidad Iberoamericana.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, dijo que la organización especializada en análisis de políticas públicas ha detectado al menos dos patrones que han hecho que la supuesta reducción de homicidios dolosos sea sospechosa.
El primero consiste en reducciones abruptas de los homicidios dolosos en periodos muy cortos, acompañadas de incrementos igualmente repentinos en indicadores adyacentes asociados a la violencia letal, tales como homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas.
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“Si los homicidios dolosos disminuyeran porque la violencia letal efectivamente se reduce, los indicadores adyacentes deberían mostrar estabilidad o tendencias independientes. Cuando disminuyen los unos y aumentan los otros de manera simultánea y abrupta, la explicación no es que la violencia haya cambiado de naturaleza de un trimestre a otro, sino que ha cambiado la clasificación de los eventos”, expuso Vargas al participar en las mesas de discusión denominadas “Geografías de la crueldad”.
El segundo patrón detectado por México Evalúa es la existencia de entidades federativas donde el número de personas desaparecidas supera al de homicidios dolosos, o donde los homicidios culposos exceden a los dolosos sin que exista evidencia de accidentes masivos que lo justifique.
“Los homicidios culposos corresponden, por definición, a muertes sin intención de matar. Cuando su volumen supera al de los homicidios dolosos en contextos de alta violencia criminal, la categoría deja de ser verosímil como descripción del fenómeno y se convierte en receptáculo de casos que deberían estar clasificados bajo otra categoría”, explicó Vargas.
Al señalar que las policías locales carecen de la formación y las condiciones laborales para clasificar adecuadamente los homicidios, además de que las fiscalías no han mostrado habilidades técnicas ni voluntad para investigar y clasificar los hechos conforme a los tipos penales, México Evalúa propuso modificar los criterios para medir los niveles de violencia en el país.
Vargas propuso que, en lugar de depender de un solo indicador, se observen los más relevantes para capturar la magnitud de la violencia letal, lo que incluye homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.
Al respecto, Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), aportó evidencia empírica directa sobre cómo operan los mecanismos de manipulación estadística de la violencia letal, con particular atención al caso de la Ciudad de México.
Según la investigadora, los servicios forenses de la Ciudad de México reportaron más muertes violentas clasificadas como homicidio que las registradas por el Inegi en sus estadísticas de mortalidad, pese a que ambos registros derivan de los mismos certificados de defunción.
“El director del servicio forense reconoció que tenía cadáveres con impactos de bala cuya causa de muerte no podía clasificar formalmente como homicidio porque no pudo determinar las circunstancias de los disparos. La paradoja es elocuente. Un cuerpo con heridas de bala existe como evidencia física, pero no como dato estadístico de homicidio”, expuso Azaola.
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Otra evidencia de posible manipulación de cifras es el incremento inexplicable de certificados de defunción por muerte violenta que consignan la leyenda “no se pudo determinar el mecanismo”.
Según Azaola, esta categoría representaba históricamente alrededor del 7% de las muertes violentas a nivel nacional. En la Ciudad de México, en 2023 esta categoría alcanzó el 35%, cinco veces el promedio nacional, y el número absoluto de estos casos superó al de los homicidios dolosos registrados en la entidad.
La tercera evidencia es la práctica de enviar tres cuerpos diarios a la fosa común sin identificar en la Ciudad de México. “Este dato se correlaciona con el incremento de personas desaparecidas, porque las familias que buscan a sus desaparecidos llegan al servicio forense demasiado tarde, cuando los cuerpos ya han sido inhumados sin identificación”, expuso.
De esa forma, se produce una cadena de anomalías estadísticas: una persona cuyo cuerpo fue recuperado, pero no identificado permanece como desaparecida en el registro de personas no localizadas, mientras que su muerte no se contabiliza como homicidio si el certificado de defunción no permite la clasificación.
Juan Carlos Rodríguez
Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.
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