México llega al 28S con aborto despenalizado en 24 estados

Ciudad de México.- México llega este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, con avances en la despenalización, pero también con diferencias importantes entre entidades respecto al marco jurídico y al acceso efectivo a los servicios.

De acuerdo con la revisión legislativa de GIRE actualizada a junio de 2026, el aborto se encuentra despenalizado en 24 entidades federativas, al menos durante el primer trimestre de gestación. La organización señala que el proceso ha avanzado desde la despenalización en Ciudad de México en 2007, pero persisten entidades donde el aborto continúa regulado penalmente.

Las 24 entidades identificadas por GIRE son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Nayarit, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Tabasco y Tlaxcala.

En contraste, GIRE ubica a Durango, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes y Sonora entre las entidades que mantienen mayores restricciones en sus marcos penales, aunque la situación jurídica no es idéntica en todos los casos y algunas entidades han tenido resoluciones judiciales que modifican los alcances de la criminalización.

Persisten investigaciones por el delito de aborto
Uno de los principales pendientes señalados por organizaciones especializadas es que la despenalización parcial no necesariamente elimina de inmediato la criminalización.

Según datos recopilados por GIRE a partir de información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de 2026 se registraron 466 carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de aborto en el país. Desde 2015, el acumulado supera las 8 mil investigaciones.

La organización sostiene que estas investigaciones pueden continuar incluso en entidades donde el aborto voluntario ya fue despenalizado, debido a la permanencia de disposiciones penales, diferencias en la regulación local y obstáculos en la prestación de servicios de salud.

La Corte y el derecho a decidir
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas resoluciones que han modificado el marco jurídico del aborto en México.

En 2023, la Corte determinó que las disposiciones del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto eran inconstitucionales y ordenó al Congreso de la Unión derogarlas. GIRE señala que esta resolución tiene implicaciones para los servicios de salud federales, como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En abril de 2026, la SCJN también estableció un criterio obligatorio para que, mediante juicios de amparo, las autoridades de salud puedan ser obligadas a implementar y difundir los servicios necesarios para garantizar el acceso al aborto voluntario en las entidades donde ya está despenalizado. En la misma resolución invalidó normas que penalizaban el aborto en Tamaulipas.

Diferencias entre estados
El marco legal no es uniforme. GIRE señala que la mayoría de las entidades donde se ha despenalizado el aborto establece un periodo determinado para acceder al procedimiento, mientras que existen diferencias en los plazos, las causales y las regulaciones sanitarias.

Por ejemplo, Sinaloa mantiene un plazo de hasta 13 semanas, mientras que otras entidades establecen periodos cercanos a las 12 semanas. En Aguascalientes, el Congreso redujo en 2024 el plazo de 12 a seis semanas, después de que el aborto había sido despenalizado hasta las 12.6 semanas.

Además, GIRE advierte que la despenalización no equivale por sí misma a garantizar la disponibilidad efectiva del servicio. Hasta junio de 2026, solo 10 entidades habían incorporado la regulación de la interrupción del embarazo en sus leyes locales de salud y únicamente cinco habían diseñado y publicado programas específicos para su atención.

Así, en el marco del 28S, el panorama nacional combina avances legislativos y judiciales con diferencias entre entidades y pendientes relacionados con la prestación efectiva de los servicios de interrupción del embarazo.

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