Los resultados ubican la residencia de las familias al momento del levantamiento, pero no permiten establecer por sí solos de dónde fueron expulsadas
Por Jesús Ibarra
HERMOSILLO, Son.- Alrededor de 11 mil hogares de Sonora reportaron que al menos uno de sus integrantes fue obligado a cambiar de residencia dentro del país por inseguridad delictiva o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En esos hogares vivían aproximadamente 35 mil personas. La cifra dimensiona la población que formaba parte de las familias con antecedentes de desplazamiento, aunque no significa que cada uno de sus integrantes haya tenido que abandonar personalmente su vivienda.
El desglose municipal muestra diferencias en la proporción de hogares que reportaron esa experiencia. Sáric, en la frontera con Estados Unidos, registró el porcentaje más alto de Sonora: 8%, equivalente a ocho de cada cien hogares.
En General Plutarco Elías Calles, la proporción fue de 2.6%; en Tubutama, de 2.5%; en Caborca, de 2.4%, y en Altar, de 2.3%. Ónavas y Santa Ana registraron 2.2% cada uno. Estos valores se ubicaron por encima del promedio estatal de 1.1%.
La presencia de varios municipios del norte y noroeste entre los porcentajes más elevados describe dónde residían los hogares que declararon desplazamiento. Sin embargo, la encuesta no permite concluir, a partir de este indicador, que todos los cambios de residencia se originaron en esos mismos municipios.
Una familia entrevistada en Sáric, Caborca o Hermosillo pudo haber cambiado de vivienda dentro del municipio, llegar desde otra localidad de Sonora o proceder de otra entidad.
También en los municipios urbanos
El desplazamiento por violencia también aparece en los hogares de los municipios más poblados. En Cajeme, 1.6% reportó al menos un integrante que tuvo que cambiar de residencia por esa causa; en Guaymas, la proporción fue de 1.5%, y en Hermosillo y Empalme, de 1.4%.
Nogales registró 0.8%, mientras que Agua Prieta y San Luis Río Colorado presentaron valores que, redondeados a una decimal, equivalen a 0.5%.
Los porcentajes permiten comparar la presencia del fenómeno respecto del total de hogares de cada municipio. No constituyen una clasificación por número absoluto de familias: un municipio pequeño puede registrar una proporción elevada y, aún así, tener menos hogares afectados que una ciudad de mayor población.
La medición tampoco identifica en este indicador a los responsables de los desplazamientos, los hechos específicos que los provocaron ni la fecha de cada salida. Por ello, sus resultados no bastan para atribuir los cambios de residencia a un grupo delictivo, un episodio de violencia o una actuación gubernamental determinada.
Foto y mapa tomado de El Imparcial
Dos causas que pueden coincidir
La Intercensal también registró alrededor de 2 mil 700 hogares en Sonora con al menos un integrante desplazado por catástrofes naturales o de origen humano. En ellos residían aproximadamente 7 mil 400 personas.
Al considerar cualquiera de las dos causas —violencia o catástrofes—, el indicador estatal fue de 1.3% de los hogares, frente a 1.5% en el país.
Las cifras de ambas categorías no deben sumarse como si correspondieran a personas distintas. El cuestionario permite que un hogar reporte las dos causas y los totales de población incluyen a todos sus habitantes, no únicamente a quienes cambiaron de residencia.
Esa distinción impide presentar la suma de 35 mil y 7 mil 400 habitantes como un conteo de 42 mil 400 personas desplazadas.
La lectura municipal requiere, además, considerar la precisión estadística. El INEGI publica errores estándar e intervalos de confianza para las estimaciones obtenidas mediante muestra; diferencias pequeñas entre municipios no necesariamente representan diferencias concluyentes.
Los resultados ofrecen una base para localizar hogares con antecedentes de desplazamiento y orientar investigaciones sobre sus condiciones actuales. Reconstruir las rutas de salida, las comunidades de origen y las circunstancias que obligaron a mudarse exige información adicional.
La encuesta permite identificar dónde viven esas familias; explicar cómo llegaron allí sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades.
Zona afectada
El gobierno del estado de Sonora, informó el pasado 4 de marzo sobre la recuperación de al menos 200 ranchos y dos minas que estaban bajo el control del crimen organizado en la región noroeste del estado.
La principal zona afectada y rescatada incluye predios que se ubicaban en municipios como Caborca, Pitiquito, Oquitoa, Átil, Tubutama y Sáric, abarcando gran parte del desierto de Altar.
Grupos del crimen organizado vinculados a cárteles de la drogra mantuvieron tomados estos ranchos ganaderos, agrícolas y cinegéticos durante aproximadamente cuatro años, afectando los ciclos productivos de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Las acciones de recuperación se llevaron a cabo de forma progresiva, de manera conjunta entre Secretaría de Seguridad Pública estatal y Ejército de México mediante operativos estratégicos, logrando consolidar la liberación total de más de los ranchos y las minas entre 2024 y mediados de 2026.
Las propiedades y minas del desierto de Sonora habían sido invadidas y explotadas de manera violenta principalmente por células ligadas al Cártel de Sinaloa, de manera específica las facciones conocidas como “La Chapiza” y “Los Pelones”.
Estos grupos utilizaban la infraestructura de los predios y las ganancias de las actividades ganaderas, cinegéticas y de minería ilegal (extrayendo oro en minas como La Ciénega) para financiar sus operaciones criminales y armamento.
Línea del tiempo
2019: Las células delictivas comenzaron a desplazar masivamente a rancheros, ejidatarios y pobladores de la comunidad de La Ciénega (municipio de Sonoyta) y otras áreas del desierto de Altar. Algunos productores acumularon entre 10 y 12 años sin poder acceder a sus tierras.Primera fase de rescate masivo
2024 – 2025: Se intensificaron las incursiones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en coordinación con el Ejército Mexicano. Para abril de 2025, se reportó formalmente el fin del despojo en los primeros 42 ranchos de alta prioridad (como “La Esperanza” y “El Bamuri”) y 2 minas.Consolidación y entrega
2026: El gobierno de Sonora confirmó públicamente que el 100% de los predios tomados (sumando más de 200 ranchos) habían sido liberados mediante detenciones y aseguramiento de armas. Los legítimos propietarios, incluidos migrantes radicados en Arizona que viajan los fines de semana, recuperaron el libre acceso a sus tierras.
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