Durante una entrevista en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, Lugo Ayala sostuvo que los propietarios están dispuestos a cumplir con sus obligaciones fiscales y contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus vehículos.
“Nosotros siempre hemos pugnado porque se regularice todo el vehículo”.
“¿Para qué? Para dar una seguridad a la familia, tener un sustento legal en su vehículo porque ya pagó impuestos”, expresó.
El dirigente explicó que el decreto federal de regularización concluyó el 31 de diciembre de 2025, por lo que algunos vehículos quedaron fuera del programa.
Agregó que han seguido ingresando automóviles de procedencia extranjera al país, algunos de ellos llevados por paisanos para sus familiares en Sonora.
Según Lugo Ayala, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que los gobiernos estatales podrían hacerse cargo de un nuevo esquema de regularización mediante algún mecanismo de importación definitiva; sin embargo, afirmó que el proyecto todavía no se ha concretado en Sonora. TurismoSonora
Ante esta situación, la organización también solicitó que se permita la circulación de estos vehículos por las carreteras del estado durante los periodos vacacionales y días festivos, como una medida de atención para las familias que viajan a otros municipios.
Indicó que, de acuerdo con el esquema que mantienen con autoridades de los tres niveles de gobierno, los conductores deben contar con afiliación vigente, seguro de daños a terceros, carta de no robo y licencia de conducir.
Además, estimó que en Sonora, hay alrededor de 60 mil vehículos irregulares, principalmente modelos de 2013 a 2019, aunque no todos circulan por carretera.
Advirtió que sus propietarios temen posibles decomisos y pidió que se avance en una alternativa que les permita regularizar su patrimonio.
El presidente nacional de Sippafa afirmó que la organización continuará con las gestiones ante el Gobierno estatal para que se concrete un programa de regularización.
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Señaló que llevan más de 30 años promoviendo este tipo de medidas y que esperan una respuesta para que los propietarios puedan obtener certeza jurídica sobre sus vehículos y cumplir con el pago de impuestos.
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