La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal vinculada con Grupo Simsa, en San José Iturbide, Guanajuato, eran legales y que las irregularidades detectadas durante la investigación estaban relacionadas con el transporte del hidrocarburo.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la mandataria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó la investigación sobre la procedencia del combustible y que la empresa resolvió las observaciones relacionadas con el traslado del producto.
"En realidad, había asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar", señaló Sheinbaum, quien agregó que la instalación contaba con los permisos correspondientes para almacenar combustible.
La presidenta indicó que los detalles de la investigación deben ser informados por la propia Fiscalía.
El reconocimiento ocurre poco más de un mes después de que autoridades de Guanajuato anunciaran el aseguramiento como uno de los mayores decomisos de combustible en el país, en medio de las investigaciones contra el robo de hidrocarburos y el llamado huachicol fiscal.
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El caso se originó el 3 de julio, cuando autoridades detuvieron a una persona que descargaba diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. A partir de ese hecho, las investigaciones condujeron a una terminal de almacenamiento vinculada con Grupo Simsa.
El 4 de septiembre, autoridades federales realizaron un cateo en las instalaciones de San José Iturbide, donde localizaron alrededor de 59 millones de litros de combustible, además de tanques de almacenamiento, unidades de carga y productos con características de gasolina regular, gasolina prémium y diésel.
Sin embargo, el aseguramiento se hizo público hasta el 17 de septiembre, cuando el Gobierno de Guanajuato informó sobre el hallazgo.
Un día después, Sheinbaum explicó que las autoridades investigaban el origen y destino del hidrocarburo. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las indagatorias continuarían para determinar si existían delitos relacionados con el combustible.
Desde el inicio del caso, Grupo Simsa rechazó que sus operaciones fueran ilícitas y sostuvo que el producto almacenado pertenecía a sus clientes y que contaba con los permisos necesarios.
El 25 de septiembre, García Harfuch confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la FGR en Guanajuato, tras detectarse irregularidades en el procedimiento. Entre ellas, mencionó que el cateo se había realizado dos semanas antes de que el aseguramiento fuera anunciado públicamente.
Con las declaraciones de este miércoles, Sheinbaum señaló que la irregularidad identificada correspondía al transporte del combustible y que la empresa ya había corregido esa situación.
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Durante la misma conferencia, el Gobierno federal presentó información sobre las acciones contra el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que 180 empresas fueron dadas de baja ante la dependencia por asuntos relacionados con este delito.
Además, Sheinbaum confirmó que México presentó tres solicitudes formales de extradición a Estados Unidos por el caso de contrabando de combustible vía marítima en Tamaulipas.
La mandataria indicó que existen 17 órdenes de aprehensión pendientes relacionadas con esa investigación, tres de las cuales corresponden a solicitudes formales de extradición a territorio estadounidense.
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