En menos de cuatro años, Guadalupe Taddei logró convertir al INE en una institución desprestigiada, señalada por mal manejo de recursos públicos, y por tejer una red de funcionarios electorales, aliados suyos, pero también de proveedores consentidos, los cuales han ganado contratos millonarios.
Tras su llegada al Instituto Nacional Electoral en marzo de 2023, Taddei comenzó a integrar a un grupo de colaboradores que habían entregado contratos a proveedores consentidos en institutos electorales estatales donde tenían puestos clave y ahora desde el INE se encargaron de mantener una relación estrecha con esos contratistas.
Los escándalos han llevado a que al menos dos de ellos, colocados por Taddei en puestos de alto nivel en el INE, renunciaran este año, uno de ellos, Jesús Octavio García González, que pasó de ser representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, compañías proveedoras de material electoral, a administrador del INE.
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Taddei, sus familiares y colaboradores han aparecido en los últimos días en videos en los que se les observa conviviendo de manera familiar con proveedores, festejando, brindando por “el proyecto”, una red desde el INE que desde febrero pasado comenzó a documentar Latinus.
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Las imágenes más recientes son del viernes pasado, en las que se observa a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del INE, en un lujoso hotel de París, Francia, brindando con champaña junto al apoderado de Cajas Graf. “París a tus pies, chamaquito”, se le escucha decir a José Alfredo Hernández Casillas, quien graba el video.
https://latinus.us/mexico/2026/10/25/club-taddei-un-escandalo-de-corrupcion-que-fue-revelado-por-latinus-desde-principios-de-2026-180500.html
En otras imágenes se identifica al proveedor José Alfredo Hernández Casillas conviviendo con Taddei y sus hijos: Jorge Francisco, León Fernando y Luis Rogelio Piñeda Taddei, este último secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena.
En otro video que ha presentado en los últimos días Latinus, se ve a la propia Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, festejando el Grito de la Independencia con José Alfredo Hernández Casillas.
Contratos por 245 millones de pesos
Una convivencia muy familiar con un proveedor, viejo conocido suyo, y al que al menos Taddei le ha dado dos contratos por más de 245 millones de pesos.
El 5 de marzo de 2021, como consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora, Guadalupe Taddei firmó un contrato con Cajas Graf por 46.8 millones de pesos y cuyo representante legal fue el propio José Alfredo Hernández Casillas, quien firmó el documento.
En marzo de 2021, uno de los representantes legales de Cajas Graf era Jesús Octavio García González, convertido por Taddei en administrador del INE. Él firmó un documento como apoderado de esa empresa en un proceso de contratación en Jalisco.
En septiembre de 2025, y por decisión de Guadalupe Taddei este apoderado de Cajas Graf, Jesús Octavio García González, entró al INE como director de Administración.
Tras conocerse el conflicto de interés, y luego de que se interpuso una denuncia en contra de García González ante el Órgano Interno de Control del INE, renunció a finales de abril.
El 6 de marzo de 2025, ya con Taddei como consejera presidenta del INE, este órgano electoral le entregó un contrato a Cajas Graf por un monto máximo de 198.7 millones de pesos para material de la elección judicial.
Celebran contratación para credencial de elector
En otro video difundido por Latinus la semana pasada, funcionarios del INE y otros empresarios aparecen en un brindis de diciembre del año pasado, celebrando el proceso de contratación para la emisión de las credenciales de elector.
José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, fue el anfitrión de esa fiesta navideña en su casa, a la que acudió Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE y antes encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral.
Quien graba el video es José Alfredo Hernández Casillas, y se ve en la mesa a Fernando Marón Kahwagi, de la empresa Cosmocolor, que obtuvo el contrato para producir las credenciales del INE por un monto máximo de 61 millones de dólares, unos mil 300 millones de pesos, con plazo hasta el año 2031.
A su derecha se encuentra Ramón Mondragón Sotelo, director ejecutivo de Grupo Empresarial Anémona, encargados del código QR de la credencial para votar.
Los empresarios bindan a la par de los funcionarios del INE: Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios del instituto, y Emma Patricia García Rodríguez, que entonces se desempeñaba como directora de Recursos Financieros del organismo electoral.
En 2024, Iliana Araceli Hernández Gómez estuvo en el Instituto Electoral de Oaxaca, y como secretaria ejecutiva le entregó un contrato por 32 millones a Corporativo Zeg, la empresa hermana de Cajas Graf, y donde también fue apoderado Jesús Octavio García González, el exadministrador del INE.
Unas horas antes de que iniciara el proceso electoral federal el mes pasado, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, colocada en ese puesto clave por la propia Taddel, renunció al cargo argumentando motivos de salud.
Para entonces Latinus ya había publicado que como presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua en 2021, Claudia Arlett Espino firmó un contrato por 33.8 millones de pesos con Cajas Graf.
Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el pago de materiales y suministros en el INE de Taddei por un monto equivalente a 66 millones de pesos.
Mientras que la semana pasada, la propia Auditoría Superior anunció el inicio de una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos, tras el escándalo por la relación de Taddei, su familia y funcionarios electorales con proveedores. La indagatoría abarcará al INE y a los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales).
Latinus ha publicado que acuerdo con diputados de la 4T consultados sobre este tema, la Auditoría ya ha identificado “a 57 proveedores que a su vez son servidores públicos activos de diversas dependencias”.
