CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) resaltó que su equipo ya tenía identificados los casos de presunta corrupción y de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos públicos a compañías del empresario José Alfredo Hernández Casillas, los cuales desembocaron en la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE.
Ante los legisladores que integran esta comisión, la cual supervisa también la actuación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Carvente desnudó el sistema de licitaciones amañadas y de conflicto de interés con el que las empresas de Hernández Casillas amasaron fortunas con el negocio electoral, tanto a nivel nacional como en los estados.
El testimonio del contralor del INE hundió en varias ocasiones a Taddei, como cuando tachó de “mentira” lo que dijo la expresidenta del INE en su conferencia de prensa del pasado 19 de octubre, en el que aseveró que el OIC daba su visto bueno al personal contratado. “No solo es impreciso, es una mentira”, sentenció, al resaltar que las contrataciones de personal son responsabilidad exclusiva de las áreas requirientes.
“Este no es un asunto que pareciera coyuntural, el del material electoral, pero es un asunto histórico y estructural”, agregó, y resaltó que las empresas no solo han acaparado los contratos del INE, sino también de los institutos electorales locales, llamados Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs). “Pareciera que todos los focos apuntan al INE y sí, evidentemente, se está cruzando una coyuntura, una crisis, pero quiero resaltar que este asunto de las empresas no únicamente atañe al instituto: atañe a todos los OPLEs”.
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Según las indagaciones de su equipo, el grupo de empresas de Hernández Casillas –incluyendo las cinco principales, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializador JVLY et Seriplast de México-- han simulado competencia y recibieron contratos de ventas de materiales electorales de los OPLEs por 2 mil 461 millones de pesos entre 2021 y 2025, un negocio que tiene una concentración de mercado del 77%.
Según Carvente, las empresas de Hernández Casillas empezaron a recibir contratos en 2014, con el mayor monto adjudicado en 2021, por un monto total de mil 105 millones de pesos, principalmente de los institutos locales de Veracruz, Coahuila y Oaxaca.
De hecho, en el arranque de la sesión, el diputado petista Ricardo Mejía Berdeja recalcó que la trama de corrupción vinculada a la red de empresas de Hernández Casillas remonta a más de dos décadas años atrás, pues recordó que, en 2005, Ricardo Monreal denunció presuntas irregularidades millonarias en contrataciones del instituto electoral del Estado de México con una empresa del contratista.
Carvente también exhibió el modus operandi de las contrataciones amañadas de las empresas de Hernández Casillas: en licitaciones públicas, dos de sus compañías presentan precios muy inflados, lo que aumenta la mediana de las propuestas, con lo que descalifican a las ofertas más bajas, presentadas por otras empresas, lo que deja a una, con precios menos inflados, lo que lleva a tener un solo licitante.
“Es todo un andamiaje de colusión de oferentes en la licitación pública que inflan los precios para descalificar unas y que quede la que presentó la oferta más alta”, explicó.
Respecto a la relación más cercana entre Taddei y Hernández Casillas, que se observa en videos publicados por la prensa, el titular del OIC puntualizó que “el OIC no se encarga de fiscalizar la vida íntima de los servidores públicos”. “Lo que a mí me corresponde es verificar que lo que hayan declarado en su declaración patrimonial sea verídico”, añadió.
18 expedientes
El funcionario precisó que su equipo está revisando el proceso de contratación, mediante una adjudicación directa irregular, para la compra de urnas electorales y mamparas especiales de la elección judicial. Este contrato, por 198 millones 738 mil pesos, estuvo peleado por un grupo de empresas que “históricamente han dominado todo el mercado del material electoral”, precisó, y terminó adjudicándose a Cajas Graf, de Hernández Casillas, en conjunto con Tol Producciones.
Resaltó que OIC detectó que, en el contrato para urnas electorales, la propuesta había inflado el valor del servicio por al menos 26 millones de pesos, que la empresa adjudicada “no tenía capacidad técnica, económica y operativa” para cumplir, y que había existido cambios en el proceso de contratación.
Ante los legisladores que integran esta comisión, Carvente informó que existen 18 expedientes abiertos por conflicto de interés en relación a los “hechos noticiosos” recientes, de los cuales 5 ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades, es decir que formalmente derivaron en una imputación a servidores públicos. “Cinco personas ya están determinadas por faltas graves”, dijo, sin precisar de qué funcionarios se trataba.
Desde el arranque de la sesión, Carvente, quien recientemente fue blanco de críticas –principalmente de sectores de la oposición-- por no impedir la mala gestión de Taddei, adelantó a los diputados que respondería a sus preguntas y daría información general respetando el debido proceso, en una postura que definió como “transparencia responsable”.
“No puedo revelar acerca de la identidad de las personas involucradas, tampoco puedo revelar el número y contenido del expediente, tampoco puedo revelar cuáles son las pruebas, datos personales por supuesto que tampoco, resultados que no son definitivos”, advirtió.
De los 13 expedientes en investigación, hay un “expediente maestro”, que originó otros casos, por actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés. “Cada uno de estos expedientes responde a una persona”, agregó.
Respecto a las empresas y a los procesos de contratación, el titular del OIC resaltó que su equipo ya sancionó a la empresa Bell-Krom por entregar tarde unos chalecos destinados a los supervisores y capacitadores electorales. Carvente indicó que, en el transcurso de este mes se inhabilitó a la empresa por tres meses, y se le impuso una sanción económica.
También indicó que, en febrero pasado, su área sancionó a la empresa Comercializadora Jvly, que pertenece a la red de Hernández Casillas, por un contrato de 48 millones 569 mil pesos, otorgado por el área de servicios informáticos del INE para prestar servicios integrales para el sistema de voto electrónico por internet para los mexicanos en el extranjero.
Carvente aseguró que su equipo está realizando una investigación sobre los procesos de contratación de “adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios” que abarca el periodo del 31 de diciembre de 2024 al pasado 31 de mayo, con 45 cédulas de observación. El funcionario no dio el nombre de la empresa que incurrió en presuntas irregularidades, alegando el respeto al debido proceso.
El funcionario también recalcó que el OIC detectó presuntas irregularidades en un contrato de asesoría con precios evidentemente inflados y manchado de conflicto de interés; mencionó el caso de una adjudicación directa realizada por un servidor público a una empresa de la que él mismo era socio.
Ante los señalamientos de Morena que aprovecharon la ola de indignación hacia Taddei para atacar al expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, Carvente señaló que su área investigó a un contrato plurianual de 372 millones 695 mil pesos para monitorear los spots de los partidos políticos, adjudicado a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética durante el periodo de Córdova, y encontró pagos indebidos por 25 millones 787 mil pesos.
https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/30/titular-del-oic-del-ine-hunde-a-taddei-exhibe-contrataciones-amanadas-y-confirma-18-expedientes-por-382860.html
