Organismo electoral había asignado directamente un contrato por 198.7 millones de pesos para la adquisición de mamparas y urnas.

Según el reporte, la penalización original ascendía a 4 millones 581 mil pesos debido a los retrasos en el cumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato.

Sin embargo, el monto finalmente cobrado quedó en 25 mil 893 pesos, lo que representó una reducción de casi la totalidad de la sanción.

La contratación también estuvo marcada por el procedimiento mediante el cual se asignó el servicio. Inicialmente, el INE convocó a una licitación en la que participaron ocho propuestas, aunque tres de ellas pertenecían al mismo grupo familiar.

El concurso fue declarado desierto bajo el argumento de que ninguna de las propuestas cumplía con el 100 por ciento de los requisitos técnicos establecidos; esta decisión permitió que el organismo electoral recurriera a una adjudicación directa para entregar el contrato a las empresas señaladas.