Agustín Rodríguez L.

GUAYMAS, Son.- Terminó la polvareda levantada por la ambición de transportistas hermosillenses, que vieron un presunto momento de debilidad en el Gobierno de Sonora y presionaron por un alza en el costo del pasaje urbano, mostrando uñas y dientes con las que siempre afectan la débil economía popular.

Es difícil entender qué les hizo perder de vista la firmeza de quien ahora gobierna a la entidad y su mensaje reiterado de trabajar juntos sin aprovecharse de nadie, para así salir de problemas tan graves que heredó de la administración anterior que, esa sí, “chipileó” con espléndidas tajadas a los negociantes aludidos y algo tuvieron que ver en ello varios de sus funcionarios, pues al final de su chamba, ya se habían hecho de mulas Pedro en ese sector.

Midieron fuerza y chocaron con pared. Hoy sabemos del dineral que les dieron y el poco resultado de subsidios para apoyar a estudiantes; hubo facilidades para formar una empresa que los organizara y fuesen más productivos y, no. No mejoraron unidades, pagan mal a sus operadores, evaden cuotas del IMSS e Infonavit y mil lindezas más que los pintan como son.

Y aquí, los que saben se preguntan en qué estaba pensando “El pín”, Eduardo González, al sumarse a ese intento inmoral de la garra siniestra transportista capitalina que él intenta imitar en Guaymas.

Este puerto no tiene las distancias de Hermosillo ni la competencia y grado de eficiencia (y aún así hay quejas) de aquella ciudad; tampoco se suma a programas útiles al usuario y de pilón, sus colegas usan muchas unidades en mal estado, sin placas de circulación en numerosos casos, condiciones mecánicas y ecológicas que violentan leyes y normas y carecen del seguro de viajero. Pero no se preocupan de ser descubiertos, pues todos saben que tránsito Municipal o la Dirección del Transporte en este heroico puerto jamás hacen su trabajo.

Por eso nadie “pela” al titular de esa oficina y se le considera cómplice, aunque en realidad sería empleado de los mismos empresarios que, insisto, fueron metidos en el juego perverso de querer asustar con el petate del muerto a quien menos debieron.

Hoy buscan corregir su actitud soberbia, voraz, y afirman que pueden mejorar el servicio. Debieran retomar conciencia para entender que prestar el servicio del transporte, es una concesión para ayudar al ciudadano de a pie, no para enriquecerse ni para fortalecer grupos lesivos a la sociedad que lejos de entender la tormenta que está encima en el país, se suman a complicarla.

En cuanto a la respuesta de la autoridad, los sonorenses la celebraron. Hay mando y se ejerce. Los concesionarios del transporte urbano creían que no, quizá por lo sucedido el pasado 1 de julio. Ya estarían convenciéndose de su equivocación.

Ah, y Sonora también reconoce a la señora gobernadora Claudia Pavlovich, por tomar otra bandera social. La de pedir reversa a la extorsión de Capufe en carreteras. Sí, ahora es más caro el peaje. Ya sabe usted ¿No?

El consejo de administración de esa empresa oficial, quiere más dinero para repartir entre los dueños de ese negocio (empresarios, disfrazados de consejeros), del bolsillo de los mexicanos que pagan por todo, y de más, cosa que supongo, pronto acabará con el triunfo de quien prometió acabar con esas corruptelas y por ello se le otorgó el voto mayoritario, para sacudirse a partidos y personajes vueltos rémora nacional.

Qué bueno. Algo está cambiando en el país y el resultado será una sociedad no digo que más justa, pero sí menos injusta.

TIROS RÁPIDOS

1.- Antes nos sorprendíamos y decíamos “¡Increíble!”. Ya no.

Me refiero a la poca sorpresa de los guaymenses al enterarse que a dos cuadras de las oficinas de la Procuraduría General de la República operaba una “casa de seguridad” del “crimen organizado”.

Tuvieron que venir agentes de la Gendarmería Nacional a atajar la creciente criminalidad en el puerto, para “descubrir” ese sitio donde había residuos de drogas, un auto extranjero, 4 fusiles de asalto y 2 armas cortas, entre otros útiles de uso bélico.

Nunca se sabrá oficialmente lo que pasaba allí, pero si se hace ese alarde, entonces está en un brete la PGR, autoridad responsable de perseguir el delito por encargo de la Nación.

2.- El Ayuntamiento guaymense autorizó demoler jardineras y fuente en el fraccionamiento Royal, dentro del San Carlos Country Club, y eso ha irritado a muchos de los 170 propietarios de lotes y viviendas en dicho espacio.

Aunque son propiedad privada, forman una vía que ha sido entrada y salida a esa colonia y la costumbre hecha ley, les hace reaccionar y prepararse para demandar a la comuna. No hubo suficiente mano izquierda para tratar con los propietarios, quienes ven lo que hoy ocurre y lo que ocurrirá mañana cuando vendan lotes y edifiquen residencias: les quitarán la vista ofrecida en el contrato de compraventa hace décadas, cuando Sidek/Situr, de los hermanos Martínez Huitrón, invertía en este destino turístico, pasando estafeta a la familia Grossman y hoy al estadounidense Lenny Manson hijo.

Cuando los residentes afectados llamaron a la Policía, en la Comisaría respondieron que “sólo hay una patrulla y no hay para la gasolina”. Qué pena ¿no?

3.- Duro y a la cabeza los reportajes de Televisa contra los productores pesqueros del Golfo de Cortez, principalmente sardineros y sus redes de arrastre que, dicen sus entrevistados, dañan el fondo marino y afectan severamente su ecología.

Puede ser. Pero hace 20 años saben esos mismos productores, la intención de fondo del gran capital, el de los ricos que mueven el mundo: cerrar el golfo y explotarlo turísticamente en unos puntos, y comenzar la minería y la extracción de gas y petróleo en otros.