EL MEDIO ORIENTE Y EL DERECHO INTERNACIONAL
Héctor Rodríguez Espinoza
El conflicto, tenso y geopolítico, tiene un FUERTE OLOR A PETRÓLEO Y A ENERGÍA NUCLEAR y al impeachment del presidente Donald Trump, imbricado en la adelantada sucesión presidencial del coloso y goloso del norte.
El sistema constitucional y político de Estados Unidos, desde su fundación en 1776, es el de una REPÚBLICA IMPERIALISTA, PROTESTANTE Y EXPANSIONISTA. Dígalo si no el que, a raíz de la crónica del Barón de Humboldt quien al recorrer nuestra antigua Nueva España la describió y dibujó, entre 1816 y 1831, como “un cuerno de la abundancia”, provocó su apetito, nos costó una guerra injusta en 1847 y la pérdida de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Disputó su poder basado en los principios de su democracia occidental y geográfico, en las dos guerras mundiales del siglo XX y salieron victoriosos. En la segunda mitad de los 40, después del holocausto judío, el mundo atestiguó, horrorizado, la experiencia de Auschwitz y la calculadora decisión del Presidente norteamericano Harry S. Truman —del Partido Demócrata, por cierto— de lanzar dos bombas atómicas sobre ciudades abiertas (“para garantizar la paz”, expresó): “Admito que la guerra estaba casi terminada, pero habría sido tonto no usar la nueva arma mortal … La victoria obtenida ha depositado sobre el pueblo norteamericano la responsabilidad permanente del LIDERATO DEL MUNDO”. Los japoneses firmaron su rendición el 2 de septiembre de 1945 y el Emperador Hiroito fue obligado a aceptar una Constitución DEMOCRÁTICA para su país.
Su diferendo es con la REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN. ¿Qué es? Un Estado sustentado en la forma republicana de gobierno, pero que simultáneamente constituye su cuerpo institucional y normativo en compatibilidad con las normas de la Sharia, ley islámica, a la cual eventualmente se puede dar rango igual a la civil, mientras que el Estado sigue siendo una república; el poder e influencia de los Imans o Jeques musulmanes aumenta y hasta pueden ser designados para cargos oficiales mientras mantienen su función religiosa. Sin embargo, la casuística de la rigidez en la aplicación de estos principios varía de país en país.
En Irán (denominación oficial desde 1979), el voto directo ciudadano permite la elección democrática del Presidente, del poder legislativo y de la Asamblea de Expertos, pero antes de iniciarse el proceso los candidatos deben haber obtenido especial aprobación por los Imanes, si no son eliminados. Esta situación, aceptada por las leyes civiles, otorga un gran poder político a los Imanes (las autoridades elegidas por voto popular deben adherirse a las opiniones de los líderes religiosos) y les permite ejercer a éstos una fuerte influencia sobre las decisiones políticas nacionales, por encima de los líderes laicos.
En este caso, a grandes trazos, se inicia en 1953, la CIA orquesta el derrocamiento del popular primer ministro Mohammed Mossadegh, restaurando al poder al Sha Mohammed Reza Pahlavi. En 1957 USA e Irán firman un acuerdo sobre cooperación nuclear civil y le proporciona un reactor nuclear con combustible de uranio enriquecido en un 93%. En 1968 Irán suscribe el Tratado de No Proliferación Nuclear que le permite tener un programa nuclear civil a cambio de un compromiso de no adquirir armas nucleares.
En 1980, USA corta los lazos diplomáticos con Irán, se apodera de los activos iraníes y prohíbe la mayor parte del comercio con la república islámica. En 1984 cataloga a Irán como un Estado patrocinador del terrorismo.
En 2002, George W. Bush declara a Irán, Irak, Corea del Norte como el “eje del mal“.
En 2012, Barack Obama sanciona a los bancos extranjeros que no reduzcan significativamente sus importaciones de petróleo iraní, cuyas ventas caen, provocando recesión. Funcionarios estadounidenses e iraníes comienzan conversaciones secretas, se intensifican en 2013, sobre el tema nuclear.
En 2013, Hassan Rouhani es elegido presidente de Irán tras sus promesas de mejorar las relaciones con el mundo y su economía. En septiembre, Obama y Rouhani hablan por teléfono, el contacto de más alto nivel entre los dos países en tres décadas.
En 2018, Trump, se retira del acuerdo nuclear en mayo y vuelve a imponer sanciones económicas paralizantes.
En 2019, USA designa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como “organización terrorista” en abril. Irán dice en mayo que aumentará la producción de uranio enriquecido, rompiendo sus compromisos bajo el acuerdo nuclear.
Desemboca con el asesinato (porque no hay declaración de guerra) del General Oasem Soleiman, que vuelve a tener en ascuas al Medio Oriente.
Suenan tambores de guerra a diario. En el ínter, un Boeing 737 de Ucrania se estrelló al salir de Teherán, con 176 personas, 57 canadienses, que funcionarios de inteligencia estadounidenses y canadiense comprobaron que podría ser resultado de la tensión con Irán. Furioso, Trudeau exige a Irán “que rinda cuentas”. ¿Menos mal? que no iba ningún norteamericano.
¿QUÉ DICE EL DERECHO INTERNACIONAL?
Trump dijo que el general Soleimani tramaba inminentes ataques contra diplomáticos estadounidenses, pero no ha aportado pruebas; asegura que ordenó matarlo para "disuadir futuros planes de agresión de Irán". "Lo hicimos para frenar una guerra, no para iniciarla".
La prometida "severa venganza" de Irán consistió en lanzar misiles contra dos bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses, "en defensa propia".
¿Tiene Trump una estrategia real para afrontar esta crisis? ¿Cuál es la base legal para justificar su ataque y la respuesta iraní? ¿Legítima defensa?
Ambos países aluden a ella para justificar sus acciones. ¿Por qué la muerte de Soleimani es más importante que la de Osama bin Laden?
Irán citó al artículo 51 de la Carta de NU, Capítulo VII: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales". Tiende a ser interpretado de diferentes formas por los gobiernos, según expertos.
Así, USAs también considera que el documento de NU ampara su decisión de matar al general iraní.
"En el caso de Soleimani, alega que actuó en defensa propia para evitar ataques inminentes, categoría de acción que, de ser cierta, generalmente se ve como admisible bajo la Carta de NU", señala Dapo Akande, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y codirector del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado.
Agnes Callamard, relatora especial de NU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, tuiteó:
"El criterio para la llamada defensa propia anticipatoria es muy estrecho: debe ser una necesidad instantánea, abrumadora y que no deje espacio a la elección de los medios ni momento para la deliberación. Es improbable que este requisito se cumpla en este caso en particular". También que la muerte de otras personas en el bombardeo fue "absolutamente ilegal".
El primer comunicado del Departamento de Defensa de USA, que omitió la palabra "inminente", defendió que el ataque tenía como objetivo evitar futuras agresiones iraníes y denunció que el comandante iraní estaba desarrollando activamente "planes para atacar a militares y diplomáticos de USA en Irak y toda la región".
Sin embargo, la revelación del primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, sobre el motivo por el que Soleimani estaba en Bagdad el día de su muerte, contradice esa supuesta trama de ataques.
"Se suponía que me iba a encontrar con él la mañana del día que lo mataron. Vino para entregar un mensaje de Irán en respuesta al mensaje que les habíamos entregado de parte de los sauditas", declaró.
El jefe del gobierno iraquí explicó que el encuentro era destinado a rebajar tensiones entre Teherán y Arabia Saudita, beneficioso para Washington.
La legalidad del ataque mortal, según el derecho internacional, puede depender de que USA aporte pruebas de esas supuestas futuras agresiones, sostiene Akande. No ha expuesto detalles públicamente, pero dice que ha compartido material de los servicios de inteligencia con figuras clave del Congreso.
El secretario de Estado de USA, Mike Pompeo, se refirió a los incidentes del preámbulo al ataque. Ante la pregunta de un periodista sobre las "inminentes amenazas", mencionó los previos días antes en Irak (muerte de un contratista estadounidense en Kirkuk y el ataque contra la embajada de USA en Bagdad), pero no aportó ninguna prueba.
Hay otras justificaciones usadas, opina Ralph Wilde, experto en Derecho Público Internacional de la University College de Londres.
"Desde el 11 de septiembre [de 2001], USA ha adoptado una postura según la cual se puede alegar defensa propia para evitar ataques a largo plazo; que se están planeando, aunque no sean inminentes. Obama la utilizó para justificar ataques con drones", añade.
Trump advirtió en un tuit que USA podría atacar lugares culturales "importantes para Irán y la cultura iraní" si se produjera un ataque contra intereses estadounidenses.
El canciller iraní manifestó que un ataque contra un lugar cultural sería un crimen de guerra. La amenaza refleja una "cruel desconsideración por el estado de derecho global", expresó Andrea Prasow, de Human Rights Watch. 5 de los tesoros históricos de Irán en riesgo por esas amenazas. El gobierno de USA insistió en que se comportará conforme a la legalidad. Pero un ataque contra un lugar cultural violaría varios tratados internacionales. Persépolis es uno de sus lugares culturales más famosos. La Convención de La Haya para la Protección de la Propiedad Cultural (1954), firmada por USA se adoptó para salvaguardar los monumentos culturales tras la destrucción de patrimonio que se produjo durante la 2a Guerra Mundial. En 2017, la ONU aprobó una resolución en respuesta a ataques de EI que se condenó "la destrucción ilegal del patrimonio cultural, incluida la destrucción de lugares y objetos religiosos". USA fue uno de los más fervientes críticos de la destrucción por parte de EI de Palmira, Siria, en 2015, así como de la demolición, a manos del Talibán, de los Budas de Bamiyan en Afganistán en 2001. En 2016, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó por primera vez a una persona por la destrucción de patrimonio cultural después de que un extremista vinculado a al Qaeda destrozara objetos religiosos en Mali. USA no forma parte de la CPI, pero es signatario de otros acuerdos para proteger el patrimonio cultural y cualquier ataque representaría un giro significativo.
Varios expresidentes han interpretado la ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, siglas en inglés), para permitir el uso de la fuerza militar contra individuos que hubieran ayudado a ejecutar los ataques de 2001 contra USA, para justificar sus políticas.
Con el tiempo, las críticas a Obama por los ataques con drones se acallaron. Según el historiador presidencial David Greenberg, esa práctica se vio como "un camino para intentar limitar las peores brutalidades de la guerra". Aquél ordenó más de 540 bombardeos aéreos con aviones no tripulados. Su predecesor, George W. Bush, forzó los límites de la guerra de otra manera. Autorizó los llamados métodos intensivos de interrogatorio, con simulación de ahogamientos y otras tácticas de tortura. Las duras prácticas terminaron por definir su mandato. Clinton aceptó el transporte de sospechosos de terrorismo a países donde se tortura a los prisioneros. Expertos arguyen que el problema real es que los presidentes tienen demasiado poder y llevan las cosas demasiado lejos.
"Usaron su autoridad para realizar actos que nosotros vemos como ilegales, inmorales o poco éticos, escoge la palara que quieras", dice Andrew Bacevich, presidente del Quincy Institute, especializado en política internacional. "El problema no es Trump, sino que le hemos otorgado a la presidencia una autoridad excesiva", opina.
Los presidentes a lo largo de la historia han forzado los límites de la ley. ¿Qué sigue?