CRITICA
GASPAR NAVARRO
La ancestral disputa entre los ocho pueblos yaquis por la administración y reparto de los millonarios subsidios que les otorga el gobierno estatal y federal resurgió con mayor fuerza con la implementación del Plan Nacional de Justicia a la Tribu Yaqui, al ser golpeados y amenazados por un grupo armado los líderes yaquis César Cota Tórtola y Jesús Manuel Moroyoqui, cuando exigían cuentas sobre el manejo de esos recursos al gobierno tradicional de Loma de Guamúchil.
En sus declaraciones los líderes yaquis agredidos César Cota Tórtola y Jesús Manuel Moroyoqui, aseguraron que los golpeadores iban con la cara cubierta, con trajes militares y fuertemente armados, lo que podría suponer que son parte del crimen organizado, pero hay versiones oficiales como la del gobierno estatal y la del alcalde cajemense Javier Lamarque, quienes aseguraron que la agresión fue por disputas internas de la tribu.
Sobre la violencia del pasado viernes en la etnia, el alcalde Lamarque Cano explicó que evitan involucrarse en los conflictos internos de la etnia, ya que ellos tienen sus propias formas de resolverlos, y como gobierno municipal, buscan mantener una relación institucional con las autoridades electas, pero por prevención y evitar otras agresiones se asignó vigilancia de la policía municipal, Marina, Guardia Nacional y del Ejército.
Cabe señalar que la agresión se dio el viernes 16 de mayo en el transcurso de la noche en el recinto de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil, donde realizaban una reunión y subir de tono los reclamos de transparencia y rendición de cuentas de dos líderes yaquis, al lugar arribaron varias personas con vestimenta de soldados y la cara cubierta con pasamontañas, quienes sacaron a la fuerza a Cota Tórtola y a Moroyoqui para ser golpeados y amenazados de muerte.
En días previos, César Cota había solicitado a las autoridades tradicionales que se transparentaran los acuerdos sostenidos, para que las decisiones pudieran ser consensuadas entre la tropa y las mujeres de la comunidad, conforme a los procesos internos de la Nación Yaqui.
Sobre los hechos violentos en Loma de Guamúchil, el gobierno de Alfonso Durazo aseguró que se mantiene alerta a los conflictos internos de la etnia Yaqui, sin descuidar el irrestricto respeto que se le guarda a la autonomía como pueblo originario, así como a sus usos y costumbres.
El gobierno estatal informó que se trabaja en coordinación con las autoridades tradicionales de la nación Yaqui, directamente con la guardia tradicional y liderazgos.
A través de un comunicado la autoridad estatal se pronunció a favor de las intenciones de la etnia, para que se privilegie el diálogo y se logre la concertación, para disipar cualquier tipo de conflicto interno y avanzar hacia el fortalecimiento de la paz comunitaria que se merecen todos los ciudadanos.
El ataque a golpes fue denunciado públicamente por Ángela Cota (hija de César Cota) quien difundió imágenes de su padre con lesiones visibles.
En su mensaje, responsabilizó a las autoridades tradicionales de la comunidad por cualquier daño que pudiera sufrir su progenitor. Los agredieron injustamente dentro del recinto de la guardia. Hay muchos testigos. Quienes los golpearon están coludidos con la delincuencia, señaló.
Tras las agresiones sufridas el pasado viernes por la noche, este lunes las dos víctimas de golpes y amenazas de muerte, César Cota Tórtola y a Jesús Moroyoqui, se presentaron ante la Delegación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad Obregón a presentar la denuncia correspondiente.
Los dos yaquis agredidos solicitarán al gobierno federal sean sujetos a medidas cautelares, como lideres defensores de los derechos humanos, para efecto de garantizar su seguridad e integridad física.
En enero de este año, hombres y mujeres indígenas del pueblo de Belem, conocido también como Pitahaya, se enfrentaron a golpes, producto de rencillas originadas por el Plan Nacional de Justicia Yaqui al denunciar desvíos de recursos y exigir reparto de los millonarios recursos otorgados por el gobierno estatal y federal.
Según indígenas yaquis de Belem estas diferencias que derivaron en violencia se deben a las malas decisiones políticas provocadas por el Plan de Justicia donde los gobernantes en turno no quieren abandonar el puesto por las dadivas que otorga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) vía nómina.
Refieren que hay yaquis de primera y de segunda, éstos últimos son los ignorados, los que por necesidad a diario se van de madrugada a los campos agrícolas, o a las maquilas.
Los pueblos yaquis en los últimos años han sido escenarios de violencia siempre por la disputa de los recursos otorgados por el gobierno, como sucedió cuando se enfrentaron por los recursos millonarios que entregaba la empresa encargada de construir un gasoducto, a lo cual se sumaba a la división por la construcción del acueducto de El Novillo que atravesaba tierras yaquis y despojaba del agua a la etnia.
En el 2021 el activista yaqui Luis Urbano Domínguez Mendoza, dirigente y defensor de los recursos naturales de la tribu yaqui, fue asesinado a balazos al salir de un cajero automático en el centro de Cajeme.
Domínguez Mendoza, de 35 años, era originario de Loma de Guamúchil, donde formó su familia. Desde 2012, junto a un numeroso grupo étnico, se unió a la lucha por el agua y las tierras yaquis de las que fue despojada esa etnia.
Un año antes, Agustín “El Roque” Valdez, jefe de vigilancia de la guardia tradicional de la Tribu Yaqui e hijo de Guillermo Valdez Castillo, gobernador tradicional de Loma de Guamúchil, fue ultimado a balazos por un grupo de sicarios mientras participaba en una fiesta.
De 30 años, El Roque era uno de los jefes de vigilancia de la guardia tradicional cuando encabezó el bloqueo de la carretera federal México 15 que la etnia mantenía contra el gobierno federal para reclamar la entrega de recursos económicos.
En el 2021, en Vícam desapareció el líder y vocero yaqui Tomás Rojo Valencia, opositor al gobierno de Guillermo Padrés a la construcción del acueducto Independencia que llevaría agua de la cuenca del Río Yaqui para abastecer a Hermosillo.
Meses después fue encontrado semienterrado el cuerpo inerte de Tomás Rojo, siendo detenida por la fiscalía estatal una persona como autor material, pero la duda queda sobre los verdaderos motivos que orillaron al asesinato del aguerrido líder yaqui.
En la actualidad, los millonarios recursos que entrega el Plan Nacional de Justicia Yaqui, sumados a los financiamientos del gobierno estatal para impulsar el desarrollo de la etnia y mantener la calma a fin de que no vuelvan “a poner la piola” o realizar bloqueos en la carretera federal para exigir “cooperaciones voluntarias”, seguirán las disputas y las diferencias que son históricas por la existencia en ocho pueblos una veintena de gobernadores yaquis entre los tradicionales y los que les disputan el poder. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)