Entretelones
Samuel Valenzuela
Samuel Valenzuela
Con el de la presidente Claudia Sheinbaum, ya es el cuarto plan emprendido por el gobierno federal para pacificar al Estado de Michoacán y uno tras otro han sido verdaderos fiascos, previéndose similar destino con el anunciado este martes llevando el remoquete “por la Paz y la Justicia”.
Como se recordará, a reiteradas solicitudes del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, ahora coordinador de asesores de la presidencia, Felipe Calderón echó andar el “Operativo Michoacán” y con ello declarar la guerra a carteles de la droga en todo el país.
Mapa del narco.
No sobra decir que fue un soberano fracaso, generando fuerte animadversión ciudadana por involucrar a las fuerzas armadas en asuntos cuya responsabilidad recae en autoridades e instituciones civiles, situación similar al del gobierno de Enrique Peña Nieto con su Plan Michoacán cuyos ejes fueron muy similares a los propuestos este martes por la presidenta.
Luego vino la temporada de abrazos en lugar de balazos con Andrés Manuel López Obrador que para efectos de dicha entidad, lo denominó Plan de Apoyo a Michoacán y que derivó que no solo en esa región del país, si no en todo México, se empoderaran y para nada se reconstruyó el tejido social si no que es uno de los sexenios más violentos en México.
Michoacán es México; Michoacán es como un plan piloto que refleja con más o menor crudeza, con más o menor violencia, lo que ocurre en todo el país, con estadísticas de utilería que para nada responden a la realidad cotidiana de una ciudadanía muy arisca, presa de la incertidumbre y cada vez más resignada a vivir los peligros que generan las disputas territoriales entre carteles y las acciones del Estado Mexicano para pacificarlos.
Iracunda la presidente.
Desde Peña Nieto se impuso la retórica de que la violencia no se combate con más violencia; se exacerbó con López; también desde el peñismo se mencionan como prioridad las tareas de inteligencia; la prevención; ir a las causas no a los efectos y todo ese palabrerío vestido de demagogia que queda en nada porque las bases de sustentación del crimen organizado es la corrupción de instancias de gobierno que les permiten operar con impunidad y sus únicos rivales son sus competidores en los negocios del tráfico de drogas, de personas y otros.
Nacido luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia luce como un más de lo mismo y se sustenta de ese más de lo mismo que llevaron al fracaso a acciones de la federación similares en ese estado de la rep
ública y en otras entidades del país donde se sufren los mismos males.
Insistimos, la corrupción en instancias municipales, estatales, federales y en las fuerzas armadas es la base de sustentación fundamental de la presencia y fortaleza de carteles de la droga y desde esa perspectiva también el plan de la señora Sheinbaum para Michoacán va hacia el fracaso, así como va en otros Estados del país.
Así las cosas, al son del ¡paz¡ ¡paz! ¡paz! de las armas de fuego que siembran el terror en Sinaloa, en grandes territorios y manchas urbanas del norte, noroeste, noreste, sur, sureste y centro del país, nace este nuevo plan con dedicatoria para Michoacán, pero cuya aplicabilidad podría ser en todo el país.
Su asesinato detona nuevo plan.
Como sea, un breve paréntesis para la hilaridad, porque al hacer los anuncios correspondientes en la mañanera de este martes, la presidente lamentó el asesinato de Carlos Manzo y aseguró que su gobierno actuará con responsabilidad y sin politizar el hecho, y lo dice luego de varios días dedicada a eso precisamente: a politizar ese lamentable acto de barbarie, apoyada por esa manada de cerdos fanatizados, lame verijas y arrastrados hasta la abyección para culpar de todo a todos, menos al gobierno federal.
El colmo fue priorizar una investigación para dar con una supuesta red en el ciberespacio, que con base a millonarios recursos generaron tendencias en contra suya, en lugar de aplicar dichos esfuerzos en contra de grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación, los chapitos, los mayitos, y todas esas bandas criminales que tienen en jaque a su gobierno.
Y si de chorizos repetitivos y demagógicos se trata, ahí les van; “El cobarde homicidio de Carlos Manzo duele no solo a su familia y comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir” .. “La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, dijo, así como lo dijeron más o menos sus antecesores.
Insistimos: la presidente debe serenarse y entendemos lo difícil de lograr esa serenidad ante la dura realidad actual, con marchas y bloqueos de carreteras de productores de maíz; nulo crecimiento económico, la violencia criminal no cede y tampoco la corrupción gubernamental; sigue el desabasto de medicinas, entre otras problemáticas que como candidata dijo poder resolver y si no puede, la ciudadanía, vaya, ni los partidos de oposición tienen la culpa de sus incapacidades.
Avances de indagatoria.
No es propio de jefes de Estado perder la ecuanimidad y soltarse con insultos a diestra y siniestra en respuesta a la natural indignación ciudadana por el asesinato del alcalde de Uruapan; no es con una actitud irascible, iracunda, desencajada, intolerante, de juez y parte como se construirá un Michoacán de paz y justicia y mucho menos se construirá un México de paz y justicia.
Por otra parte, bueno el avance presentado respecto al caso de la explosión e incendio en una tienda del centro de Hermosillo y tragedia de 23 personas fallecidas y dentro de todo ese dolor, la buena noticia es que ya solo tres personas se encuentran hospitalizadas y dos de ellas con altas posibilidades de sobrevivencia serán o ya fueron trasladadas a Phoenix para recibir tratamiento especializado, en tanto que la otra estaba por ser dada de alta, de acuerdo con información proporcionada por el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra.
Por lo pronto, el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, dejó abierta la posibilidad de indagar las actuaciones u omisiones de servidores públicos, con dedicatoria especial a los titulares y funcionarios de las áreas de protección civil del Estado y del Ayuntamiento de Hermosillo, por eventuales responsabilidades penales.
CFE niega vinculación.
Pues muy bien la voluntad justiciera de Don Gustavo, quien no debiera ser convencido tan fácilmente respecto a que la presencia del transformador al interior del establecimiento era o es particular y no está vinculado a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad con la que se brinda suministro eléctrico a dicho establecimiento.
Pues sabe cómo no pudiera estar vinculado a la infraestructura y servicio de la CFE, porque justo afuera y pared de por medio está el medidor e incluso lo que parece un centro de carga, además de los testimonios de vecinos a la redonda que reportaron altas y bajas y un apagón y al reiniciar el suministro se escuchó el estallido.
Ahora resulta, que de acuerdo a la CFE ese aparato era inocuo, un generador de energía autónomo o sabe qué cosa, pero no vinculado a la infraestructura de la paraestatal, cuyos directivos tienen mucho para platicar a ese respecto, así como los representantes de esa cadena comercial que operaba sin los permisos correspondiente y carecía de salidas de emergencia.
En paz descansen.
Y va el doloroso recuento de las personas que fallecieron en esa terrible desgracia: Maribel Castro y sus hijos Francisca Fernández de 24 años embarazada de 8 meses y Alejandro Francisca, de 24 años, tenía ocho meses de embarazo, y Alejandro; Zelma Adilene Quintero y sus hijos Danna de 8 años y Rafael de un año 10 meses.
También fallecieron Karla Cota Aguilar y sus dos hijos Guadalupe y Jesús; Guadalupe Jamileth Córdova y Jesús Francisco Cabrera Murrieta, quienes eran pareja y estudiaban en instituciones educativas en la capital de Sonora; Johana Guadalupe Hernández, empleada de la tienda, y Marcos González, subgerente de del establecimiento, además, Joaquín Ortiz Munguía, empleado de una Tintorería y María del Carmen Aguilar, servidora pública de SIDUR.
Las dos personas que faltaban por identificar ya lo fueron: un varón originario de Guadalajara y una mujer de Caborca.