A 20 años de que el expresidente Felipe Calderón declarara la “guerra contra el narcotráfico”, la política de drogas en México no ha cambiado, pero sus consecuencias son más visibles que nunca: más de medio millón de personas fallecidas, 135 mil desaparecidas y un país cooptado por múltiples bandas criminales.
Lograr un México con “Menos daño” implicaría virar a una política de drogas enfocada en la salud, en la que sea clave reducir el daño por el consumo de sustancias, pero sin dejar de lado la seguridad. Por ello, 10 organizaciones de la sociedad civil se unieron para impulsar una iniciativa y campaña que hace énfasis en la falta de voluntad política.
“Hay ciertas condiciones, como la legalización del cannabis, que ya tendrían que haber ocurrido, y entonces están generando nuevos problemas ante el limbo legal que tienes entre consumidores y gente que quiere ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la falta de una ley clara y el vacío legal en el que se encuentran”, señala en entrevista Alejandra Sánchez Inzunza, coordinadora de la campaña.
A 20 años de la “guerra contra el narco”, organizaciones piden una política de drogas con “Menos daño”
La iniciativa busca metas alcanzables. Foto: Especial
Ante los tres últimos sexenios de militarización y ataque frontal a los cárteles, así como la violencia que han dejado, la iniciativa busca proponer pasos alcanzables, al tiempo que reconoce que no es fácil desarticular toda una estrategia que ha avanzado en ese sentido.
La reducción de daños plantea empezar con experiencias hiperlocales en comunidades, a lo que contribuiría, por ejemplo, la desclasificación de la naloxona, medicamento que revierte sobredosis en unos cuantos minutos.
Transformar narrativas e impulsar legislación
“Menos Daño” se plantea como una plataforma ciudadana que integra a organizaciones con años de labor en la reducción de daños y justicia social. Su propósito central es cuestionar y transformar las tradicionales narrativas prohibicionistas que han determinado la percepción pública sobre el consumo de drogas en México.
De acuerdo con su coordinadora y las organizaciones participantes, durante décadas el debate ha estado dominado por campañas gubernamentales enfocadas en la desinformación y el miedo, que respaldaron estrategias punitivas que no han logrado disminuir ni el consumo de sustancias ni los niveles de violencia.
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“Empezamos a pensar cómo estamos dominados por narrativas feroces, que además tienen el respaldo popular, y que se basan en el miedo y la desinformación”, explica Sánchez Inzunza. Frente a ese escenario, la iniciativa pretende construir un discurso basado en evidencia científica y derechos humanos, que ponga de relieve que las sustancias psicoactivas han formado parte de la sociedad a lo largo de la historia, y que la prohibición absoluta ha demostrado su ineficacia.
Tras 20 años del inicio en México de la estrategia militarizada contra el narcotráfico, el 6 de diciembre de 2006, Menos Daño busca promover metas legislativas y presupuestales específicas: “de momento lo estamos planteando como una plataforma ciudadana que propone una política de drogas basada en evidencia, derechos humanos, justicia social y reducción de daños”, precisa.
Entre las demandas priorizadas por la campaña está la desclasificación de la naloxona como sustancia controlada. El insumo médico, que permite revertir las sobredosis por opioides, sigue siendo de acceso restringido en México pues requiere receta médica, lo que limita su uso por parte de primeros respondientes e iniciativas comunitarias.
Las organizaciones señalan que en Estados Unidos la liberación de este medicamento contribuyó a reducir en aproximadamente 30 % las muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides, por lo que su regulación en México es urgente, sobre todo ante la crisis de consumo en la frontera norte. Actualmente, la propuesta ya ha sido presentada ante comisiones de salud en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
A 20 años de la “guerra contra el narco”, organizaciones piden una política de drogas con “Menos daño”
Una de las demandas, desclasificar la naloxona como sustancia controlada. Foto: Lizeth Ovando/Archivo Grupo Animal
Menos Daño insiste, además, en la necesidad de concretar la regulación de la marihuana, ya que a pesar de que hace más de cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su prohibición absoluta, no existe una ley formal aprobada en el Congreso. Mientras tanto, hay más de 12 mil amparos individuales tramitados y más de mil solicitudes mensuales de permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
En el nivel local, los objetivos abarcan el impulso de proyectos como una Ley de Amnistía en la Ciudad de México, orientada a reparar el daño a personas criminalizadas de manera desproporcionada por delitos menores vinculados con drogas, así como consolidar la prohibición del internamiento involuntario de personas con consumos problemáticos, un avance legislativo reciente.
Las organizaciones en el territorio: intervención, prevención y salud comunitaria
Aunado a la incidencia en políticas públicas, “Menos Daño” busca visibilizar el trabajo que las 10 organizaciones de la sociedad civil han hecho en territorio para salvar vidas y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias. Varias de ellas operan en contextos de alta vulnerabilidad, violencia estructural y militarización, mediante modelos comunitarios que suplen la ausencia de servicios estatales de salud.
Por ejemplo, Prevencasa trabaja en Tijuana, Baja California. Fundada inicialmente en respuesta a la transmisión del VIH y la hepatitis C, hoy brinda atención a personas que usan drogas inyectables, como heroína y fentanilo, en el área norte de la ciudad fronteriza. En medio de la estigmatización y la vigilancia militar, ofrece servicios de salud integral, apoyo psicológico, regaderas, alimentos, programas de intercambio de jeringas y espacios dirigidos a mujeres.
“Nuestro trabajo se enfoca principalmente en ser este puente del acceso a los servicios sociales y de salud, el acceso a los derechos”, describe Lilia Pacheco, directora de Prevencasa, al detallar la labor cotidiana en un entorno donde las personas usuarias enfrentan barreras constantes para ser atendidas en el sistema de salud público.
En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Programa Compañeros acumula más de cuatro décadas de labor comunitaria. Ante la imposibilidad de abrir una sala de consumo supervisado por la extensión territorial y el contexto de violencia, la organización desarrolló un modelo alternativo basado en la creación de “sitios de consumo seguro”.
Mediante la capacitación de promotores comunitarios en diversas colonias, la red distribuye insumos higiénicos y ofrece acompañamiento a personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, jóvenes y poblaciones LGBTIQ+.
“Lo que nosotros hemos hecho desde hace muchos años es tener varios lugares donde vamos, encontramos promotores comunitarios, les capacitamos, les llevamos insumos y los visitamos periódicamente”, explica María Elena Ramos, directora del programa. Ahora, la organización gestiona alrededor de 25 sitios comunitarios y colabora con otras entidades en la sistematización y réplica del modelo.
También en la frontera norte, pero en Mexicali, Baja California, Verter suma más de 13 años de intervención continua en salud pública, derechos humanos y perspectiva de género. En 2018 abrió la primera sala de consumo supervisado y acompañado en Latinoamérica, parteaguas en las estrategias de reducción de daños, de acuerdo con su directora, Lourdes Angulo.
Además, la agrupación realiza detección temprana de sustancias como el fentanilo mediante tiras reactivas de análisis rápido, y encabeza la distribución comunitaria de naloxona en la región del noroeste. Por otro lado, el Instituto RIA desarrolla investigación aplicada enfocada en los hábitos, percepciones y necesidades de las personas usuarias, con perspectiva de género en análisis sobre maternidades, crianza y consumo de sustancias.
A 20 años de la “guerra contra el narco”, organizaciones piden una política de drogas con “Menos daño”
En busca de alternativas para frenar las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico”. Foto: Cuartoscuro
Igualmente, opera el servicio de análisis “Checa tu sustancia”, mediante un equipo multidisciplinario de más de 40 personas voluntarias que hacen pruebas técnicas en espacios comunitarios y festivales para informar a la población sobre la composición de los fármacos y para reducir riesgos por adulteración.
“Somos una organización desde 2018. Hacemos investigación aplicada. Mucha de esta investigación es sobre comportamientos, percepciones, hábitos de personas usuarias, sabiendo que pocas veces vamos a ser honestas con datos o investigaciones de gobierno, porque te pones en riesgo de ser criminalizada”, apunta Zara Snapp, directora del instituto.
La labor de las organizaciones abarca también la defensa jurídica y el análisis estructural del sistema penal. Por ejemplo, Di-sentir se orienta a la investigación, la transparencia gubernamental y el litigio estratégico. Impulsa recursos legales para garantizar el acceso a la metadona como tratamiento de sustitución, con lo que han logrado resoluciones que ratifican la obligación del Estado de proveer servicios de salud a personas usuarias de opioides, según lo expuesto por Víctor Gutiérrez.
En tanto, CEA Justicia Social trabaja en ampliar el acceso a la justicia de personas privadas de la libertad procesadas de manera injusta. La organización documenta el impacto del modelo prohibicionista en la sobrepoblación penitenciaria, el uso punitivo de la prisión preventiva y las detenciones masivas en el país.
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“Lo que siempre hemos dicho es que la política prohibicionista es hermana siamesa de la política de centros penitenciarios y de reclusión en nuestro país”, sostiene Ángela Guerrero, su directora.
La organización Elementa DDHH lleva a cabo investigaciones sobre los efectos del prohibicionismo, mediante la documentación del aumento en las estadísticas de desaparición forzada, la militarización y las violaciones a derechos humanos vinculadas con operativos antinarcóticos.
Junto con las agrupaciones que trabajan en campo, Elementa DDHH participa en la sistematización de las evidencias recabadas en sitios de consumo seguro para sustentar propuestas formales de reforma a las políticas públicas de seguridad y salud en México.
“Creo, sobre todo, que es una oportunidad. La campaña representa una oportunidad y un recordatorio de que se puede cambiar el rumbo; es un poco la intención, volver a estar en la conversación pública, visibilizar que más allá del ‘vive sin drogas’ hay alternativas mucho más innovadoras y basadas en evidencia respecto del uso de sustancias y cómo mitigar sus daños”, sostiene Alejandra Sánchez Inzunza.
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